En entradas anteriores, hablábamos de la ayuda que estaban negociando los agentes sociales y el gobierno para los parados de larga duración. Tras llegar a un acuerdo, los frutos de la negociación son los siguientes: Los beneficiarios, cuyas rentas no podrán superar el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) 481,05 euros al mes, podrán cobrar la ayuda durante un máximo de seis meses.
Aunque la medida tendrá una duración de medio año desde su aprobación, previsible a mediados de febrero, coincidiendo con el final de la ayuda de 426 euros, se procederá a su evaluación antes de que concluya el plazo de vigencia.
Estos 400 euros están concebidos como una "ayuda económica de acompañamiento" a programas de formación para mejorar la cualificación y empleabilidad de los beneficiarios, pero, siendo parte de una acción de política activa, tendrá carácter nacional, con lo que su financiación y gestión correrá a cargo del Estado y no de las comunidades autónomas.
Así pues, aquellos que accedan al programa tendrán derecho a realizar un itinerario personalizado de inserción para diagnosticar su empleabilidad y las medidas a tomar para mejorarla, así como a participar en acciones formativas para su recualificación, especialmente con vistas a sectores emergentes y con mayor potencial de empleo.
Al margen de la financiación, las comunidades autónomas deberán destinar el número de orientadores y promotores de empleo "necesario" para la atención de estos desempleados, y tendrán que programar las acciones de recualificación y reinserción profesional.
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